Por Gilberto Lopes (*)

Forças de segurança guatemaltecas confrontam migrantes que cruzam o país a caminho dos Estados Unidos em Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala, 18 de janeiro de 2021 . Xinhua News Agency/PA Images

El Secretario de Estado, Antony Blinken, visitó Costa Rica el 1 y 2 de junio pasados para encontrar la cuadratura del círculo: discutir un programa que permita detener la avalancha migratoria centroamericana hacia los Estados Unidos, en medio de un escenario caótico. Las intervenciones norteamericanas, con frecuencia, han contribuido a acentuar las tensiones y las condiciones que han terminado por generar esta ola desesperada.

En la capital costarricense Blinken se reunió con los cancilleres de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SIECA) y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

La visita fue un paso más en un esfuerzo al que la nueva administración norteamericana está dedicando algunos de sus principales recursos.

Se trata de un fenómeno particularmente sensible en los tres países del llamado “triángulo del norte” centroamericano: Guatemala, El Salvador y Honduras, cuyas relaciones con Estados Unidos atraviesan momentos distintos.

A principios de abril fue Ricardo Zúñiga –un diplomático de origen hondureño al que Biden encargó atender las causa de la migración centroamericana–, el que realizó un primer viaje a la región.

Zúñiga visitó Guatemala y El Salvador, pero no fue a Honduras, su país de origen. Se reunió en Washington con el canciller hondureño, Lisandro Rosales, y otros ministros del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, cuyo hermano ha sido condenado por narcotráfico y está encarcelado en Estados Unidos. El propio presidente ha sido acusado del mismo delito en una corte en Nueva York.

En el Salvador, Zúñiga no fue recibido por el presidente Nayib Bukele. Las relaciones se tensaron cuando, al asumir el pasado 1 de mayo la nueva asamblea legislativa (en la que Bukele cuenta con una mayoría de 64 votos entre 84 miembros) los parlamentarios procedieron a destituir a los miembros de la Sala Constitucional y al Fiscal General de la República.

Estados Unidos expresó “serias preocupaciones” con lo sucedido y el encargado de negocios en San Salvador no asistió a una reunión convocada por Bukele para informar al cuerpo diplomático sobre la naturaleza de lo ocurrido.

No hace falta destacar la absoluta fragilidad de la economía salvadoreña frente a los Estados Unidos, un país donde la moneda circulante es el dólar, con cerca de tres millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos (muchos de ellos indocumentados), y en el que las remesas representan casi un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB).

En Guatemala los problemas son otros y en una conferencia virtual con el presidente Alejandro Giammattei el pasado 26 de abril, la vicepresidente norteamericana, Kamala Harris, expresó su preocupación por la corrupción y la mala gobernanza.

Harris, encargada por el presidente Biden de atender el desafío de la inmigración ilegal en la frontera sur de los Estados Unidos, tenía previsto visitar Guatemala y México el 7 y 8 de junio, solo una semana después de la visita de Blinken a San José.

“Aquí Harris podrá comprobar la gran pobreza que afecta a la mayoría de guatemaltecos. Según la CEPAL, para finales del año 2020, Guatemala tendría el 21% de la población viviendo en pobreza extrema y 59,9% en el nivel de pobreza”, dice una nota publicada en el medio guatemalteco Crónica el pasado 5 de junio.

 Quédese en casa

 Una actividad diplomática tan intensa solo se explica por las dimensiones del fenómeno en la política interna norteamericana. Las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera con México se dispararon en marzo pasado, alcanzando el nivel más alto en quince años, según datos oficiales. Los agentes norteamericanos de control fronterizo con México están haciendo cerca de seis mil detenciones diarias, un nivel sin precedentes afirman las autoridades

Entre esos inmigrantes –cuya gran mayoría proviene del “triángulo del norte” centroamericano– el número de menores no acompañados registró también un aumento del 100% en un mes.

El desafío para Estados Unidos es convencer a los centroamericanos de que se queden en casa. En 2015 el entonces presidente Barack Obama solicitó al congreso mil millones de dólares para programas de desarrollo en los tres países –que llamó Alliance for Prosperity– para enfrentar las causas de la violencia y la falta de oportunidades que promueven la inmigración.

No funcionó. En primer lugar, el congreso redujo la suma a 750 millones. Pero no era un problema de recursos, sino de ideas.

Mariana Alfaro publicó el pasado 1 de junio un artículo sobre el tema en el Washington Post. Hablé con la representantes demócrata por California, Norma Torres, afirmó. Es la única centroamericana en el congreso.

“Torres me dijo que los Estados Unidos han tratado, una y otra vez, de promover programas de desarrollo en la región, y la verdad es que tenemos muy poca cosa que mostrar”, afirmó. En los gobiernos no se puede confiar, por lo que habría que buscar otras alternativas, como colaborar con el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro, agregó Torres.

Biden había contactado a doce grandes corporaciones norteamericanas, entre ellas Microsoft, Mastercard y Nespresso, para proponerles invertir en la región. A Torres le parece que la idea puede funcionar y las empresas parecen entusiasmadas.

El Wall St. Journal anunció que Microsoft tenía planes para facilitar el acceso a internet a tres millones de personas en la región hasta julio del próximo año y crear centros de capacitación en el área digital para jóvenes y mujeres.

Mastercard pretende incorporar cinco millones de personas de la región al sistema financiero y dar a un millón de micro y pequeños negocios acceso a la banca electrónica. La fábrica de yogurt Chobani está dispuesta a promover programas de incubación para productores locales en Guatemala; y Nespresso, una unidad de Nestlé, planea comprar café de El Salvador y Honduras, con una inversión regional de por lo menos 150 millones de dólares hasta 2025.

 Cortina de humo

 Es difícil entender como esos programas van a traer oportunidades y desarrollo para la población de los tres países. Todo parece, más bien, una oportunidad de negocios para las empresas.

A mediados de mayo, cuando todavía se discutía sobre las alternativas en Washington, la vicepresidente Harris afirmó que no habría mucho progreso si persistía la corrupción en la región. Era la razón principal por la que los esfuerzos se iban a orientar ahora al sector privado y a la sociedad civil.

Pero el uso político del tema de la corrupción ha tenido efectos devastadores en la región. El ejemplo más dramático ha sido el de Brasil, donde esa herramienta fue usada para sacar de competencia al entonces candidato favorito a la presidencia de la República, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, condenarlo y meterlo preso mediante el abuso de los instrumentos jurídicos, utilizados por jueces cómplices, coludidos con fuentes judiciales y empresas norteamericanas. El instrumento ha sido utilizado también en Ecuador y en Bolivia y otros países de la región, con los mismos efectos políticos desestabilizadores.

No es tampoco difícil prever que, desde el punto de visa económico, la propuesta se transformará en un nuevo instrumento de extracción de riqueza desde la región, agravando las estructuras que terminan por obligar a sus ciudadanos a migrar siguiendo la ruta de la riqueza.

El plan de Biden para América Central no es más que una cortina de humo, afirmó la coordinadora del centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de Salem, Massachusetts, Aviva Chomsky, en un artículo publicado en The Nation el pasado 1 de abril.

En su opinión, la esencia del plan es que millones de dólares serán usados para reforzar las capacidades militares y policiales en esos países y proteger así un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de ganancias. En vez de solidaridad con América Central promueve, en realidad, el viejo modelo de desarrollo económico. El modelo que Washington sigue promoviendo –aseguró Aviva Chomsky– “está basado en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden atraer inversiones extranjeras mediante una mejoría de la infraestructura, reducción de impuestos y leyes ambientales y laborales menos estrictas, el ‘libre mercado’ promoverá inversiones, empleos y crecimiento económico que (en teoría) evitarán que la gente piense en inmigrar como primera opción”.

Pero ­–advierte– la historia centroamericana ha mostrado, una y otra vez, que ha ocurrido es precisamente lo contrario.

La inversión extranjera vino a la región deseosa de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata. Una forma de desarrollo que explotó plantaciones de banano y de café en el siglo XIX, así como otras formas más modernas después, que terminaron alimentando las revoluciones de los años 80, sobre todo en Nicaragua y El Salvador, así como la actual ola de migración, en busca de mejores condiciones de vida.

Hace casi un siglo un notable escritor costarricense, Vicente Sáenz, analizó en decenas de páginas las relaciones económicas y políticas de Centroamérica con Estados Unidos. Sáenz nos recordaba que, entre 1927 y 1929, los países productores centroamericanos exportaron a ese país 36 millones de racimos de banano, que producían una utilidad neta de 50 millones de dólares de la época. Pero la United Fruit le pagaba a los países productores un centavo de dólar por racimo exportado: 360 mil dólares, que se repartían Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Cuando Guatemala intentó cobrar algo más por su banano, la United organizó un golpe militar que puso fin al gobierno de Jacobo Arbenz, en 1954; golpe que está en el origen del hasta hoy profundamente desorganizado y corrupto sistema político del país, que mantiene marginada y empobrecida a la población indígena y sostiene una injusta distribución de la riqueza.

Aviva Chomsky recuerda que Estados Unidos pasó los años 80 tratando de aplastar la exitosa revolución nicaragüense y los movimientos armados contra los gobiernos de extrema derecha de El Salvador y Guatemala, y que “los tratados de paz de los 90’s pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca resolvieron las profundas diferencias sociales y económicas que les dieron origen”. De ningún modo pusieron fin a la pobreza, a la represión y a la violencia, asegura.

 Alianza vital

 Moisés Naim, distinguished fellow del Carnegie Endowment for International Peace, un conservador de origen venezolano, reclamó la excesiva atención al problema migratorio en al frontera con México, afirmando que las cosas no iban bien en el resto de América Latina.

“Si preguntas al equipo de Biden sobre su agenda hemisférica la respuesta que obtendrás comenzará –y, a menudo, terminará– con la frontera sur de Estados Unidos”, dice Naim.

En su opinión, la migración desde los países del triángulo del norte de Centroamérica está lejos de ser el mayor desafío que América Latina presenta para los intereses de Washington.

Los dos gigantes de la región –Brasil y México–, están, en su opinión, en manos de populistas, abiertamente opuestos a cualquier forma de control del poder. En Perú, dos “candidatos abominables” se disputaban el poder en las elecciones del pasado 6 de junio; mientras en Ecuador, un presidente neoliberal, que Naim estima “centrista” (con el que simpatiza), enfrentará un congreso muy fragmentado, que no lo dejará gobernar.

En Colombia, donde bajo gobiernos de derecha se ha desatado una imparable ola de asesinatos de líderes sociales y la protesta social ha tomado las calles desde hace más de un mes, Naím ve el peligro de que un candidato “extremista de izquierda” derrote a quienes han transformado el país en el aliado más confiable de los Estados Unidos en la región.

Una alianza que Blinken calificó de “absolutamente vital”, en una reunión con su colega colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien viajó a Washington en medio de la crisis en su país, para buscar el apoyo de la administración norteamericana.

Ricardo Zúñiga había dicho, luego de su gira por Centroamérica, que Estados Unidos no estaba buscando imponer su modelo en Centroamérica, sino apoyar a los países de la región para crear “sociedades seguras, prósperas y democráticas”.

Pero Blinken puso las cosas en su lugar. Advirtió, en San José, que Estados Unidos solo levantarían las sanciones impuestas a países como Nicaragua o Venezuela, si esos gobiernos cambiaban de rumbo y orientan sus políticas en favor de la democracia.

La misma política, animada por los sectores conservadores de oposición que, tanto en Venezuela como en Nicaragua, tocan las puertas de Washington en busca de intervenciones que les facilite alcanzar sus objetivos y que terminan, a la larga, pavimentando el camino de la desesperada migración hacia el norte.

(*) Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR)


(**) Textos assinados não refletem, necessariamente, a opinião da tendência Articulação de Esquerda ou do Página 13.

 

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